Esta iniciativa es impulsada por la CGR, con el objetivo de desarrollar en mejores condiciones las tareas de verificación de actividades económicas y financieras en todos los estamentos del Estado, como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 281 y, de esa manera, evitar el puenteo a la institución contralora.
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El proyecto de ley, que se encuentra en su tercer trámite constitucional, en su versión Diputados establece que, sancionada la ley, el Tribunal de Cuentas remitirá a la Contraloría todas las documentaciones que obran en su poder. En la versión de Senadores se estableció, sin embargo, que los documentos ya remitidos se sustancien en el Tribunal de Cuentas.
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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
