La ley 7.300 introduce dos cambios significativos, uno de ellos es el aumento de la pena, dado que la expectativa de pena privativa de libertad por sustracción ilegal de energía eléctrica aumenta de tres años, a 10 años. También establece la incautación de los bienes utilizados en estas actividades ilícitas, que serán administrados temporalmente por la ANDE, hecho que permitirá que la empresa estatal se beneficie de la venta anticipada de estos bienes.
El presidente de la ANDE, Ing….
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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
