Rodríguez, designado vocero de la comisión, afirmó que el desacuerdo con el proyecto del Ejecutivo, ahora asumido por varios Diputados, se sigue centrando en quién costeará el servicio, si el Estado o cada procesado.
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“La colega Rocío Vallejo (Patria Querida) plantea una modificación donde ella dice que cuando demuestre que es insolvente, que el Estado pague. También darle una salida a la gente que no tiene”, comentó sobre los conversado ayer.
Sin embargo, dijo que él se mantiene en su posición de que el Estado asuma la totalidad del costo del servicio de monitoreo, por diversos factores, entre ellos evitar “abrir una compuerta para la corrupción”, al dejar a cargo del Poder Judicial determinar quién puede pagar y quién no.
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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
