El proyecto planteaba originalmente reducir los plazos procesales de cuatro a tres años, en casos de acción penal pública y a uno y medio para los de acción penal privada, lo cual fue uno de los puntos más cuestionados por magistrados y fiscales durante las audiencias públicas, debido a que podía permitir el blanqueo de casos complejos (crimen organizado, delitos económicos y abuso de menores, entre otros). Inclusive, la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay sentó…
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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
