Según el reporte de la Contraloría General de la República, un equipo auditor fiscalizó los documentos de la gestión municipal desde el 2018 hasta el 2022 del intendente Gil Amarilla, y se detectó un indicio de perjuicio patrimonial de G. 60 millones. Si bien el monto no es demasiado, la forma desprolija en que se manejó la administración municipal facilitó que se paguen de más por obras que valían menos y, asimismo, no se garantizó la calidad de los mismos.
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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
