La organización sostiene que la normativa impone obligaciones de registro, control estatal y sanciones a organizaciones sin fines de lucro que inciden en políticas públicas, lo que -según argumenta- restringe derechos fundamentales sin un objetivo legítimo y de forma desproporcionada.
La acción presentada apunta a varios ejes centrales: como la Restricción a la libertad de asociación y participación pública, la vulneración del derecho a la intimidad, al exigir la publicación de…
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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
