La suspensión por un mes de 11 vendedoras en la playa municipal de Areguá llevó a la intervención de la Defensoría del Pueblo y la coordinadora regional del Ministerio de la Niñez y Adolescencia del departamento Central. Estos organismos buscan mediar en el conflicto que afecta no solo a las trabajadoras sino también a niños, niñas y personas con discapacidad, cuyas vidas dependen económicamente de vender sus productos en ese lugar.
El conflicto explotó a principios de enero cuando las vendedoras se manifestaron frente a la playa municipal, exigiendo a las autoridades una solución a la problemática de los puestos de venta. Rufina Barrientos, administradora de la playa, alegó que el grupo incumplió el contrato, debiendo ubicarse en sus casillas en la zona de estacionamiento, y las tildó de “personas…
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Fuente: Abc Color – www.abc.com.py
