El juzgado determinó el levantamiento de todas las medidas cautelares dictadas contra los mismos.
La denuncia había sido presentada en octubre del 2018 y tiene relación con la ejecución del contrato de prestación de servicios de disposición final de residuos sólidos, urbanos y servicios complementarios con la empresa recolectora de residuos EMPO Ltda.
Según la acusación Ferreiro, entonces intendente, con aval de Rodríguez, quien era el presidente de la Junta Municipal y los 11 concejales, aprobaron el pago de G. 1700 millones a la citada firma para la concesión del servicio. Sin embargo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, representantes de la empresa, habían…
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Fuente: HOY PY – www.hoy.com.py
